La polémica que surgió sobre la escultura de Lika Mutal, El ojo que llora, me provoca una serie de reflexiones sobre las opiniones que se vertieron en ese momento. Me interesa en particular pensar en qué medida el debate refleja la existencia de dos interpretaciones sobre la violencia que vivió el Perú durante las décadas de 1980 y 1990, es decir dos maneras de pensar la historia reciente del Perú. Estas interpretaciones, sostengo, no son identificables con análisis específicos o con posiciones ideológicas (aunque puedan existir coincidencias). No corresponden a una posición de derecha y otra de izquierda. Corresponden sí a ideas que nutren análisis concretos. No pretendo hacer aquí un estudio detallado de estos análisis. Pero creo útil apuntar a estas ideas subyacentes y a veces no del todo articuladas por los analistas que las emplean. Sostengo que estas ideas dan lugar a conclusiones distintas sobre las causas de la violencia, las responsabilidades y culpabilidades de los actores violentos y no violentos, y sobre cómo la sociedad peruana en un contexto de post-violencia debe enfrentar el pasado violento reciente. Termino con una reflexión sobre los límites que presenta el enfrentar el pasado a través de la memoria en el contexto peruano. Pero quiero comenzar con un breve repaso de la polémica sobre la escultura.

LA POLÉMICA

El 3 de enero del 2007 los peruanos despertaron con la noticia de que existía un monumento al terrorismo en el Perú. El titular del diario Expreso no dejaba espacio para dudas: "¡Existe un monumento a terroristas!". El breve artículo, firmado por Iván Pisua, informaba, en un lenguaje que se ha vuelto tristemente común en cierta prensa escrita, que el monumento había sido construido "por la nefasta Comisión de la Verdad (CVR) creada por la izquierda caviar que se trepó al poder a la sombra de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo".1 Según el periodista, el monumento consistía en "una escultura rodeada por círculos conformados por piedras pequeñas que han sido grabadas con nombres de terroristas mezclados con nombres de víctimas inocentes". El artículo señalaba que Luis Enrique Ocrospoma, el alcalde de Jesús María (el distrito donde se ubica el monumento, en el Campo de Marte), había declarado que los vecinos del distrito "están indignados con esta situación" y que era necesario "resguardar los derechos de los vecinos, y eso implica el derecho a la vida. Estamos en contra de cualquier acto de violencia, y por eso rechazamos homenajes a los delincuentes terroristas que cometieron crímenes execrables".